BAJO LA LUPA

Juan Antonio Isla Estrada

A más de una década de que en Querétaro se cuenta con un órgano ciudadanizado para coordinar, vigilar y validar los procesos electorales, la tarea que tiene el actual Consejo, nunca como antes, significará una responsabilidad trascendental.

En su breve historia, el Instituto Electoral de Querétaro cuenta ya con toda clase de experiencias: consejos fallidos, consejeros inmoderados, enjuiciados, devueltos y más tarde sustituidos; renovaciones parciales, visible manipulación en el origen de algunas de sus designaciones, composición ciudadana y heterogénea, hasta cierto punto plural, pero imaginable en la integridad incuestionable de algunos y en las ideas, inclinaciones, posibles prejuicios y filofobias de sus integrantes.

Lo que hoy tiene en sus manos el Instituto es de una trascendencia que definirá el rumbo político de la entidad. Por el momento, sobre sus miembros recae el escrutinio de la opinión pública y de las fuerzas políticas. Cada decisión que emane del Consejo general será analizada, sopesada al interior y escrupulosamente examinada al exterior por las fuerzas políticas y los ciudadanos y tendrá un impacto en el desarrollo de la parte final del proceso y en su resultado.

Más allá de encuestas discutibles, de las fortalezas y debilidades de los candidatos, de que la contienda como nunca antes ha sido el tema, desde hace semanas, de la conversación en ciertos sectores sociales, la elección de gobernador será muy disputada, tanto que a estas alturas los estudios de preferencia electoral saldrán sobrando y lo que realmente va a contar es el día de la elección.

Es cierto que el comportamiento electoral de los recientes procesos marca una intención de voto favorable a Acción Nacional, partido que se benefició en 1997 de una conspiración orquestada desde los más altos niveles en contra del candidato priísta. Desde ese triunfo circunstancial del panismo (combinado con rasgos de conservadurismo en la fisonomía social de Querétaro) las sucesivas elecciones les han sido benignas en mayorías de representantes en el Congreso local, en algunos Ayuntamientos y en la elección de gobernador.

Acción Nacional se convirtió desde hace 12 años en el partido en el poder. Como tal, viene sufriendo de un desgaste natural y está expuesto al voto de castigo. ¿En qué proporción? Eso lo sabremos el 5 de julio por la noche. Por lo pronto, la contienda por el gobierno del estado parece muy cerrada entre el candidato panista y el de la Coalición PRI-Nueva Alianza.

El equilibrio está en los sondeos de opinión creíbles, en el creciente entusiasmo e interés que por un lado convoca la candidatura de José Calzada Rovirosa, mientras que por el lado de su oponente es notorio el dispendio obsceno, desesperado y molesto para los ciudadanos de una propaganda excesiva y petulante.

El candidato del PRI ha venido cruzando un largo trayecto lleno de adversidades. Se han interpuesto en su camino egoísmos internos, pasiones de enemigos aferrados en su ambición y un sinnúmero de obstáculos exógenos, algunos naturales y lógicos, pero otros francamente deleznables e inconsecuentes. Ahí va, con un ánimo inquebrantable, como en una carrera de media distancia en la que se necesita velocidad, concentración y resistencia. Jala oxígeno de todas partes, no decae. Mira más la meta que las vallas.

El aspirante panista logró su candidatura luego de un proceso muy jaloneado por la guerra sucia interna y tras una jornada salpicada con irregularidades y en donde la compra del voto se convirtió en un recurso cínico (tan despreciado en antaño por Acción Nacional), tal como está documentado en varias pruebas testimoniales de entrega de dinero y fotografía del voto con teléfono celular.

Como pruebas se señalan las presentadas por la ex panista Rebeca Mendoza Hassey quien hace unos días mostró fotos de una boleta marcada a favor del hoy candidato blanquiazul, usada en la elección de candidatos del PAN el pasado 19 de abril.


Este método podría volver a presentarse el 5 de julio. Por ello, la coalición ‘Juntos para creer’ ha solicitado al IEQ la prohibición expresa de cámaras y teléfonos dentro de las casillas. La petición parece más que razonable y no habría justificación para que no se resolviese a favor existiendo el antecedente ya expuesto.

Sin embargo, la consejera presidente, Cecilia Pérez Zepeda, indicó que no se pueden aplicar medidas no previstas en la ley electoral de la entidad y se ha negado a emitir una respuesta favorable, argumentando además que significaría una molestia para los ciudadanos, cuando bien puede ser un acuerdo del Consejo que tiene facultades para dictar medidas cautelares que hagan prevalecer los principios de transparencia, imparcialidad y equidad (por mencionar algunos), los cuales están por encima de la ‘molestia’ momentánea de los electores que pueden dejar su teléfono sobre su credencial en la mesa en la que atienden los funcionarios de casilla.

El IEQ tiene, antes que otro interés o presión, un compromiso con la ciudadanía. En ese y en todos los casos que se le presenten y en los resolutivos que tenga que dictar. La transparencia, condición fundamental de la democracia, está a prueba. No puede el órgano electoral dar marcha atrás en una elección histórica. Mucho se ha deteriorado la credibilidad de las instituciones electorales como para que el IEQ permita que éste proceso constituya un regreso a los más nefastos capítulos del acarreo, coacción a los electores, compra de votos y otras artimañas que deben quedar arrinconadas en la parte más oscura de la historia electoral de nuestro país.

En el próximo número haremos un perfil de los integrantes del Consejo ciudadano y cuál ha sido su desempeño antes de que cumplieran con esta responsabilidad y ahora como funcionarios electorales. Por todo lo que significa el actual proceso, se puede decir que el IEQ y sus integrantes tienen una gran oportunidad, pero a la vez y por ahora están bajo la lupa.